El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y controvertidas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su manera de actuar, marcada por la confrontación y escaso sustento en evidencias, junto con el uso reiterado de información falsa en redes sociales y sus frecuentes señalamientos públicos contra instituciones del Estado, funcionarios y otros actores políticos, lo han impulsado como una voz asociada a la agresividad y al descrédito, un perfil que, lamentablemente, los algoritmos de las plataformas digitales tienden a amplificar con facilidad. Este estilo político también ha comenzado a despertar serias dudas entre la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como mecanismo político.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el episodio derivó en procesos legales, también proyectó alrededor de Richards una percepción de enfrentamiento continuo, comportamientos agresivos y un marcado deterioro del decoro. Dejó ver una táctica sustentada en la provocación incesante y en la explotación del conflicto ante los medios.
Betserai Richards: mucho ruido y pocas nueces
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el del puente de Cabuya, una infraestructura vial considerada esencial para descongestionar el tránsito en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que este proyecto no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido planificado, financiado y desarrollado con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello pretendía desmantelar la idea de que el diputado obtenía avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue refutada por diversos actores vinculados a la obra, lo que dejaba en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una escasa influencia institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
En uno de los episodios más intensos del conflicto público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la confrontación dejó de limitarse a desacuerdos políticos o administrativos y derivó hacia un ámbito mucho más personal y hostil. En un video divulgado como réplica a diversas publicaciones y ataques mutuos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron con rapidez por las redes sociales y provocaron la indignación de numerosos ciudadanos, quienes vieron en ese contenido una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
No obstante, la misma Caja de Seguro Social salió a pronunciarse de forma pública, desmintiendo los señalamientos del diputado y afirmando que dicha información carecía de veracidad.
La CSS sostuvo además que toda la alimentación hospitalaria se prepara bajo controles nutricionales y estándares de calidad en la Ciudad de la Salud, y anunció posibles acciones legales o denuncias para exigir que el diputado demostrara sus afirmaciones o rectificara públicamente.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso no radica únicamente en una disputa política. Cuando se habla de hospitales, pacientes y alimentación médica, cualquier información falsa o no verificada puede generar miedo, desconfianza y caos entre familiares de pacientes y usuarios del sistema de salud.
La forma de hacer política de Richards: acusaciones de impacto viral y un choque continuo
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido justamente su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material viral. Sus visitas a centros médicos, transmisiones en vivo, grabaciones cargadas de emoción y confrontaciones directas con autoridades han contribuido a forjar la imagen de un “diputado fiscalizador”, desdibujando el límite entre la supervisión legítima y el espectáculo político.
En las últimas semanas, Richards ha visitado diversos hospitales públicos para señalar presuntas fallas críticas, extensas listas de espera quirúrgica y un marcado desgaste en la infraestructura. La CSS replicó acusándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, y sostuvo además que ingresó con megáfonos a zonas delicadas de los centros médicos mostrando conductas calificadas como proselitistas. La entidad incluso aseguró que este tipo de intervenciones introduce tintes políticos en los hospitales y perturba tanto el ambiente adecuado como la seguridad requeridos para brindar atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las acusaciones se propagan con rapidez y solo posteriormente arranca la labor de verificación, lo que produce un efecto cada vez más común en la política actual: la opinión pública se configura antes de conocerse por completo los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas difundió las fotografías de la presunta comida servida en el hospital antes de que la institución publicara su desmentido o de que los propios pacientes y el personal sanitario aclararan que esas versiones eran falsas, y cuando la explicación oficial finalmente apareció, gran parte del daño a su reputación ya estaba causado.
Este patrón se asemeja cada vez más a dinámicas observadas internacionalmente, donde políticos recurren a las redes sociales para difundir narrativas cargadas de emoción que luego resultan difíciles de desmontar, incluso cuando surgen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La función pública y el deber cívico de un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La situación presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus acusaciones o afrontar críticas cada vez más intensas sobre su manera de comunicar, ya que el límite entre una supervisión legítima y la desinformación puede volverse extremadamente difuso cuando la política se convierte en un espectáculo continuo.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.
