La Justicia de Chile decretó este viernes prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por múltiples delitos, entre ellos falsificación de documentos, fraude al Fisco y tráfico de influencias. Lavín, quien militaba en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, enfrentará el proceso judicial después de que la Corte Suprema ratificara su desafuero en febrero pasado, dando luz verde a su imputación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien fue diputado durante tres periodos legislativos entre 2014 y 2026, está imputado por presuntamente desviar recursos públicos asignados a labores parlamentarias hacia fines personales y actividades de campaña. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista habría estado involucrado en un fraude cercano a los 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), mediante la emisión de facturas simuladas y el uso irregular de fondos estatales.
En la misma causa, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien además enfrenta acusaciones por cohecho, infracciones tributarias y delitos electorales. Las pesquisas señalan que ambos imputados habrían destinado esos recursos al pago de material gráfico y bases de datos empleadas durante diversas campañas políticas.
La investigación también ha involucrado indirectamente a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno y restricciones de movimiento mientras enfrenta cargos relacionados con actos de corrupción durante su gestión.
Las actuaciones de Lavín también sugieren un eventual aprovechamiento político de los recursos estatales, y aunque en 2024 se desvinculó de la UDI tras hacerse públicas las denuncias, aquella situación terminó deteriorando la imagen que tenía ante la ciudadanía luego de años de protagonismo. De acuerdo con la Fiscalía, las gestiones atribuidas a Lavín habrían buscado eludir la normativa y obtener recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín resalta un importante esfuerzo del sistema judicial chileno por combatir la corrupción y garantizar que las figuras políticas sean responsables de sus actos. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos que permitieron prolongar su desafuero hasta 2026, mientras continuaba activo en la gestión legislativa.
Fuente: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion/
