Antes de que estallara la polémica por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez se vio envuelto en otro episodio que perjudicó su imagen pública: un video que se volvió viral lo captó mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio ubicado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la amplia circulación del video, el diputado publicó en sus redes un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Reconoció que su comportamiento no estuvo a la altura de lo que se exige a quien ocupa un cargo público y expresó sentir remordimiento. Añadió además que conversó directamente con el guardia implicado, identificado como Hugo Xol, y también con la administración del edificio, quienes, según señaló, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el episodio generó amplia atención mediática y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos pusieron en tela de juicio tanto el comportamiento del legislador como la aparente ausencia de sanciones oficiales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, aun sin consecuencias graves, deja en entredicho la capacidad de un representante público para conservar la calma ante escenarios de tensión.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Si bien Pérez ofreció disculpas, el episodio abre una conversación más amplia acerca de cómo los funcionarios públicos deben responder ante la ley:
- Investigación formal: dado que el incidente incluyó una agresión física contra un integrante del personal de seguridad, resulta posible iniciar una pesquisa penal por ataque o por un eventual uso desmedido de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la facultad de poner en marcha, aun sin una denuncia previa, un procedimiento interno destinado a determinar si el diputado vulneró las normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de emitir una disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar oficialmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio que hubiese sufrido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo dañó la reputación de Samuel Pérez como legislador, sino que también subraya la necesidad de mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del entorno legislativo. A pesar de haber pedido disculpas, muchos ciudadanos aún esperan una respuesta legal y política más robusta que confirme que nadie está por encima de las normas.
