La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que llega con prestigio, pero también con mochila
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí comienza la dificultad.
Peramato aseguró que lograría “cerrar la herida” en la Fiscalía, aunque varias de sus decisiones posteriores han sido vistas de manera opuesta: más que un giro respecto a la etapa previa, se perciben como una prolongación refinada de sus propios equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La fase más delicada de esta investigación no reside en una imputación explícita que vincule a Peramato con una red encubierta, sino en la suma de decisiones que, consideradas en conjunto, dibujan un panorama extremadamente complicado de sostener ante la opinión pública.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es precisamente el aspecto más delicado. Aunque las reuniones se celebraran antes de que asumiera el cargo, el ascenso posterior de quienes estuvieron vinculados a ellas requiere una explicación mucho más sólida. Apelar únicamente al mérito y la capacidad resulta insuficiente cuando pesa la sospecha sobre la institución. En tiempos de crisis reputacional, la legalidad por sí sola no siempre alcanza; también se necesita una dosis adicional de prudencia institucional.
Segundo, su proceder en relación con García Ortiz. Peramato confirmó su vuelta a la carrera fiscal, rechazó incoar un expediente disciplinario y respaldó que la Fiscalía impugnara ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su predecesor. Desde el plano jurídico, puede argumentarse que tales decisiones encajan en la actividad ordinaria del Ministerio Fiscal. En el ámbito político, no obstante, resultan demoledoras para quien había asegurado inaugurar una etapa distinta.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso Leire Díez: la sombra que agrava todo
El caso Leire Díez funciona como el gran acelerador de la sospecha. Según la información revisada, la Fiscalía confirmó al juez Santiago Pedraz que hubo reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. La explicación oficial fue que García Ortiz habría sido informado a posteriori y que lo expuesto en esas reuniones carecía de sustento probatorio suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién dio autorización para esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Qué motivo hubo para que no quedara registrado con mayor claridad lo sucedido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Disponía de esa información antes de ascender a algunos de los fiscales implicados en la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es importante no confundir planos. La expresión “cloacas del PSOE” pertenece al lenguaje político y mediático. Es una fórmula de combate, no una calificación jurídica. Desde el punto de vista judicial, lo que existe es una investigación sobre presuntas maniobras para obtener información, condicionar causas o interferir en procedimientos sensibles.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato está pagando el precio de una contradicción: quiere presentarse como una figura de recomposición, pero muchas de sus decisiones han reforzado la idea de continuidad. Quiere hablar de independencia, pero sus gestos han sido leídos como protección del bloque anterior. Quiere cerrar heridas, pero sus nombramientos han reabierto divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
Una vez más, desde el plano jurídico puede sostenerse que el fiscal general ejerce autoridad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal; no obstante, el conflicto es político: cuando se cuestiona a una institución por su cercanía al poder, cualquier actuación en un asunto delicado termina interpretándose como una intromisión.
La legalidad de una actuación no elimina automáticamente su coste reputacional. En el caso de Peramato, cada decisión técnicamente defendible se convierte en políticamente sospechosa porque la confianza previa ya estaba rota.
Ese es quizá el diagnóstico más grave: la Fiscalía ha perdido el beneficio de la duda.
Una institución fracturada
Otro factor relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones para el Consejo Fiscal evidenciaron que el sector crítico conserva una notable fuerza. Aunque esto no implica de forma inmediata una desautorización personal a Peramato, sí deja claro que la división interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La explicación más sencilla para Peramato consiste en afirmar que no está siendo investigada. Y eso es cierto. No obstante, esa justificación resulta insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco se limita a haber respaldado a García Ortiz; el inconveniente radica en que ese apoyo llegó justo cuando la Fiscalía requería muestras claras de renovación y no un gesto de protección.
Una fiscal general sometida al escrutinio ciudadano
La conclusión más equilibrada, pero también más crítica, es clara: Teresa Peramato no aparece, con la información disponible, como imputada ni como participante directa en una trama. Pero su gestión sí ha quedado gravemente condicionada por una sucesión de decisiones que alimentan la sospecha de continuismo, protección interna y falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí está el punto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado necesita recuperar autoridad moral, no puede permitirse decisiones que parezcan diseñadas para proteger al antiguo núcleo de poder. Peramato tenía la oportunidad de marcar distancia, abrir ventanas y recomponer la confianza. Hasta ahora, sin embargo, su gestión ha proyectado demasiadas sombras y pocas señales de ruptura.
La Fiscalía no puede pedir confianza mientras actúa como si la sospecha fuera solo un problema de comunicación. La confianza se reconstruye con hechos, con transparencia y con decisiones que no parezcan hechas para los de siempre.
Teresa Peramato todavía puede demostrar que su mandato no será una prolongación del anterior. Pero para lograrlo necesita algo más que argumentos jurídicos: necesita una política clara de independencia visible. Porque en una institución tan dañada, no basta con ser legal. También hay que parecer limpio.
